Durante mucho tiempo la licitación pública ha estado sujeta a malas prácticas administrativas relacionadas con el direccionamiento de los procesos de selección mediante diseños elaborados a la medida de los proponentes, lo que ha conllevado una muy baja o, en ocasiones, nula participación en las convocatorias, causando con ello un detrimento patrimonial al Estado por la violación sistemática de las restricciones legítimas y proporcionales del interés general. El exhaustivo trabajo de campo realizado por el doctor Matallana entre 2012 y 2015 permite apreciar que en la mayoría de los casos estudiados hubo un flagrante y abierto quebrantamiento de las reglas que rigen los contratos estatales, entre ellas, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a la igualdad, el derecho de participación y el principio de selección objetiva.